Agua para todos

COLUMNA LUNES, 24 DE NOVIEMBRE 2025.

Antes de concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura discutiremos y abordaremos una iniciativa que es vital para la ciudadanía: La Ley General de Aguas y la Reforma a Ley de Aguas Nacionales.Con ellas, se busca recuperar el derecho humano al vital líquido y que el agua deje de ser un privilegio y llegue a todos los rincones del país.

Con este nuevo andamiaje jurídico, se busca echar atrás la legislación de 1992 que se avaló en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que cambió la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, lejos de un derecho de la ciudadanía.

La Ley General de Aguas, que discutiremos en el Congreso de la Unión, se enfoca en el reconocimiento y la garantía del derecho humano al agua, establece las bases jurídicas para asegurar el acceso y disposición y saneamiento del vital líquido para toda persona, en cumplimiento del artículo 4º de la Constitución.

Prioriza el uso doméstico y personal del agua por encima de cualquier otro interés, garantizando un mínimo vital y prohibiendo la suspensión total del servicio; define las competencias claras entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y establece mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión integral del recurso hídrico; y la participación Social, que reconoce y fomenta la labor de los sistemas comunitarios de agua y la participación pública en la gestión de la misma.

En tanto, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se enfoca en la gestión integral del recurso hídrico como un bien estratégico y de la nación. Se fortalece el control y la rectoría del Estado sobre el agua, devolviéndole su carácter de bien público estratégico y eliminando la visión de mercancía.

Restringe la transmisión de concesiones de agua entre particulares y prohíbe su comercialización, reforzando la idea de que el agua no puede ser objeto de acuerdos comerciales con fines de lucro; endurece las sanciones, incluyendo delitos hídricos, para quienes hagan un uso indebido o trasladen aguas nacionales con fines de lucro sin autorización; y regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, con el objetivo de preservar su cantidad y calidad para un desarrollo integral sustentable.

Las enmiendas que discutiremos en la Cámara de Diputados se tratan de una visión humanista que garantiza el uso eficiente del agua como un derecho y no un privilegio. En esta Legislatura estamos comprometidos en erradicar todos los vicios legales que se avalaron durante los gobiernos neoliberales. Ambas iniciativas son parte de un paquete de reformas estructurales que buscan un marco legal robusto, por un lado, la Ley General de Aguas garantizará el derecho humano, mientras que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales fortalecerá la rectoría del Estado y regulará la gestión de los recursos hídricos como un bien estratégico de la nación.

El tema del agua no admite titubeos, ni dilaciones, se trata de un bien estratégico de la nación y un recurso que es vital para el progreso de la ciudadanía. Avalaremos ambos proyectos para seguir garantizando y fortaleciendo los derechos del pueblo de México a una vida digna y con mejores oportunidades para todas y todos.

Julieta Kristal Vences Valencia

Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.