Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de Septiembre 2025.-La Legisladora Federal Poblana de Morena Gissel Santander Soto, propone en la Cámara de Diputados, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección y derechos de las infancias migrantes deportadas y repatriadas.
La Diputada asegura que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia constituye un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad equitativa y justa, además bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación las políticas públicas se concentran en atender las causas y no solo las consecuencias de las distintas problemáticas sociales así como la de evitar la ruptura del tejido social que es detonadora de múltiples problemas comunitarios y familiares, bajo ese contexto es que la protección y la ampliación de los derechos de las infancias cobra vital importancia.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNyA) establece un marco normativo que pretende velar por el bienestar de este núcleo poblacional generando responsabilidades para los tres órdenes de gobierno, así como el reconocimiento de derechos de las infancias.
Sin embargo, bajo un contexto migratorio, los objetivos de protección de las infancias no se cumplen porque no se destina presupuesto público específico y por la ausencia de un enfoque que aborde en todas sus dimensiones la problemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados. Por ello es menester generar una política pública para brindarles protección y por ello se hace necesario plasmar una serie de prevenciones, derechos y apoyos en la LGDNNyA que complementen a las disposiciones ya establecidas en la Ley de Migración.
Santander explicó que la niñez migrante enfrenta una serie de desafíos que requieren ser atendidos con urgencia y determinación ya que con la firma reciente de 100 órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de América mismas que atentan contra múltiples Derechos Humanos de los migrantes los cuales al ser deportados masivamente están convirtiendo a nuestro país ser receptor de miles de niños, niñas y adolescentes, así como de familias de diferentes nacionalidades que buscan protección y certeza jurídica en tanto se resuelve su situación migratoria.
En tanto, cifras de organismos nacionales e internacionales, el número de niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos de migración forzada, repatriación o deportación ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Según Human Rights Watch (2024), durante la primera administración de Donald Trump más de 4 mil 600 niños fueron separados de sus padres, de los cuales el 30%, es decir mil 360 niños, no han vuelto a ver a sus familias en más de 6 años.
La Congresista Morenista dijo que esta es la realidad de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2024), ha aumentado año con año, y en 2023, más de 150 mil menores de edad fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. En este contexto, la política migratoria anunciada recientemente por el gobierno de Estados Unidos, podría configurar un escenario de crisis humanitaria que México debe atender de manera preventiva y con un enfoque de Derechos Humanos.
Además, en el marco del Derecho Internacional Público, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece en su artículo 9 que los países firmantes deben asegurar niños, niñas y adolescentes no sean separados de sus familias contra su voluntad. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 establece la obligación de proteger a la familia como unidad fundamental de la sociedad.
Gissel del Distrito 1 de Huauchinango, refirió que el marco jurídico mexicano a través del articulo 2 de la Ley de Migración establece como uno de entre varios de los principios de la política migratoria la “unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México.
La presente Iniciativa busca fortalecer el marco jurídico en la materia a través de:
- 1. Se propone adicionar una fracción XVIII al artículo 6, estableciendo el derecho a la Unidad Familiar en procesos de repatriación.
- 2. Para asegurar el derecho establecido en la reforma enunciada anteriormente se propone también reformar el primer párrafo del Artículo 90 para establecer la obligación a las autoridades migratorias o con competencias en la materia para establecer acciones para asegurar la unidad familiar de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
- 3. Se propone además adicionar un párrafo segundo al propio Artículo 90 para establecer la obligación de las autoridades migratorias, de seguridad pública y de protección de las infancias en territorio nacional de recibir capacitación periódica en derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes.
- 4. Se propone reformar el primer párrafo del Artículo 90 para -de conformidad con el enfoque de derechos humanos de las infancias migrantes – establecer el término unidad familiar que complementa, en ese mismo enunciado, al de reunificación familiar.
- 5. Se propone también adicionar un párrafo segundo al Artículo 91 para establecer la garantía de acceso gratuito a la defensa legal especializada en derechos de la niñez y adolescencia en situación de deportación, repatriación o retorno forzado.
 | Diputada: GISSEL SANTANDER SOTO Número de la legislatura: LXVI Partido: MORENA Entidad: Puebla Distrito: 1 (Huauchinango de Degollado) |
