La Cámara de Diputados declaró aprobado, por 343 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, enviado por la titular del Ejecutivo Federal el día 28 de febrero de 2025, por incluir y cumplir a cabalidad los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política.
Así lo anunció el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, con fundamento en el artículo 74 fracción VII de la Carta Magna.Pidió remitir al Ejecutivo Federal el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su implementación integral. Solicitó darle formato de decreto.
El acuerdo menciona que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 enviado por la titular del Ejecutivo Federal el día 28 de febrero de 2025 por incluir y cumplir a cabalidad los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicita enviar al Ejecutivo Federal las opiniones de las comisiones ordinarias y las observaciones individuales que las diputadas y diputados entregaron para los efectos a que haya lugar, así como publicar en la Gaceta Parlamentaria el contenido integral de las opiniones emitidas.
Indica que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 satisface plenamente el mandato establecido en el artículo 26, apartado A de la Constitución Política y en el artículo 21 de la Ley de Planeación, al incluir de forma explícita los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución, desarrollar un enfoque integral del desarrollo, proyectar acciones de largo alcance, incorporar criterios de participación democrática, y establecer mecanismos de ejecución y evaluación.
Desde una perspectiva constitucional y técnica, “el Plan debe considerarse jurídicamente válido y procedente, debiendo ser aprobado en los términos en que fue presentado por el Ejecutivo Federal”, señala.
Menciona que el análisis y las opiniones de las comisiones coincidieron, en términos generales, en que el Plan está alineado con los principios constitucionales de justicia social, equidad, bienestar, democracia, soberanía y sostenibilidad.
Realizado un examen exhaustivo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, remitido por la presidenta de la República y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de febrero de 2025, “se concluye que el documento cumple cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 21 de la Ley de Planeación”, por las razones que a continuación se exponen:El Plan se articula alrededor de un modelo de planeación orientado al bienestar, al desarrollo integral y a la equidad social, en plena consonancia con el proyecto nacional consagrado en los artículos 25 y 26 de la Constitución.
Dicho modelo se expresa en los cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública nacional.Los generales son: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable.
Los transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.Subraya que estos ejes articulan, con claridad y coherencia, los principios constitucionales de soberanía, democracia, justicia social, protección al medio ambiente, equidad de género, multiculturalismo y participación ciudadana. Además, incorpora un enfoque multidimensional del desarrollo, tal como lo exige el propio artículo 21 de la Ley de Planeación.
No se limita a parámetros económicos, sino que abarca temáticas sociales, ambientales, culturales, regionales y tecnológicas. La promoción de una economía moral con derechos laborales, seguridad social, salarios dignos y vivienda, justa con políticas de salud universal, educación gratuita y justicia climática.
También establece como prioritario el Sistema Nacional de Cuidados, la transición energética justa, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la reforma del Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el respeto a los derechos humanos.
Expone que en cumplimiento del párrafo sexto del artículo 21 de la Ley de Planeación, el documento no se limita al sexenio presidencial 2024-2030, sino que incorpora una visión de largo plazo, especialmente en el apartado denominado “Plan México”, con estrategias nacionales proyectadas a veinte años para el fortalecimiento de la soberanía energética, la industrialización, la transición tecnológica y la infraestructura ferroviaria y logística.
Se da cumplimiento al principio de planeación democrática, al integrar los resultados de 57 foros estatales y un foro indígena nacional con la participación de más de 50 mil personas, incluidos representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano.
Esa metodología participativa asegura que las decisiones públicas reflejen el interés general y confiere legitimidad democrática al documento.Precisa que el Plan señala los instrumentos presupuestarios, administrativos y jurídicos mediante los cuales se prevé su ejecución, establece responsables institucionales, mecanismos de monitoreo e indicadores de seguimiento.
Incluye previsiones sobre el uso racional de los recursos y políticas de gasto publico basadas en la austeridad republicana, la disciplina fiscal y el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, en plena congruencia con el artículo 134 constitucional.
