La polémica en torno al divorcio de María Fernanda Hinojosa García y Allan Mauricio Reider Rangel sigue creciendo, luego de que se señalara un presunto trato desigual por parte del Poder Judicial en favor de la hija del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, conocido por su cercanía con el ex presidente Enrique Peña Nieto y su papel en el escándalo de la “Casa Blanca”.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió información que refuerza la percepción de que, en algunos tribunales, la justicia se inclina ante el poder y el dinero.
Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario relacionado con el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto ahora se encuentra relacionado en torno a su hija, quien enfrenta un proceso de divorcio donde se le vincula con el uso de influencias para obtener decisiones judiciales favorables.
De acuerdo con las denuncias, la familia tamaulipeca ha recurrido a sus conexiones políticas y económicas para inclinar la balanza a su favor en los tribunales, generando preocupación sobre la imparcialidad del sistema de justicia.
La presidenta enfatizó la importancia de abordar casos específicos de corrupción y solicitó que se presenten formalmente para su revisión. También se refirió a los esfuerzos realizados para mejorar el tratamiento de delitos sexuales, incluyendo una reestructuración interna en la fiscalía para especializarse en investigaciones relacionadas con violencia contra mujeres y menores.
“Ahí en los casos donde hay corrupción, se denuncie y que se presenten y si los quieren presentar aquí, no abiertamente que nos los entreguen aquí atención ciudadana para que podamos darle cauce, apoyo a las víctimas, siempre vamos a apoyar a las víctimas “, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más allá de la pugna legal entre adultos, el caso impacta en los derechos de los hijos menores de edad, ya que de acuerdo con las pruebas presentadas a la presidenta existen registros de que han quedado desprotegidos en este juicio.
En este contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha María Alcalde, reafirmó su compromiso de combatir el influyentismo y la corrupción dentro del sistema de procuración de justicia. La titular del organismo advirtió que no se tolerará la manipulación del sistema mediante el uso de recursos económicos o el aprovechamiento de conexiones con el poder, subrayando que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley.
Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó la decisión de la
Fiscal Alcalde de remover de su cargo al fiscal encargado del caso de Mafer Turrent. Brugada reconoció la determinación de la fiscalía para garantizar la imparcialidad en las investigaciones y evitar cualquier tipo de interferencia que pueda comprometer la justicia en la capital del país.
