El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que luego de ser aprobadas las leyes en materia de seguridad pública por el Congreso de la Unión, el Secretario de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad han anunciado una estrategia nacional que iniciará en ocho estados del país, donde se concentra casi el 70 por ciento de las extorsiones.
Esta actividad, abundó, ha sido últimamente utilizada por la delincuencia organizada, que ha trasladado lo que históricamente hacía —como el tráfico de drogas y otros ilícitos— a la extorsión.
Resaltó que esta estrategia es producto del diseño jurídico constitucional que las y los diputados aprobaron hace unos días, y que ahora permite a la autoridad actuar con base en un marco jurídico que establece límites en su función.
El diputado Ricardo Monreal comentó que hace unas semanas presentó una iniciativa para modificar el artículo 73 constitucional, en su fracción 21, con el objetivo de combatir este flagelo que “se ha venido incorporando, lamentablemente en perjuicio de los ciudadanos: la extorsión. Es juntos como podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada”.
Externó: “Bien por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por tener clara la meta de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. “Bien por las Fuerzas Armadas, bien por el secretario de Seguridad Pública que está poniendo énfasis en los delitos que más afectan a nuestro país y a nuestra población”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión y la atención a víctimas de este delito, estableciendo la concurrencia y la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, y en lo que corresponda, a las alcaldías de la Ciudad de México, así como las modificaciones conducentes a la legislación penal.
La expedición de una Ley General –añade– no solo armonizaría el marco normativo nacional, sino fortalecería la respuesta institucional, optimizaría el uso de los recursos y aseguraría el acceso igualitario a la justicia y a la protección de derechos en todo el territorio nacional.
Además, la adopción de un enfoque integral y coordinado es indispensable para atender de manera efectiva este fenómeno, evitando soluciones fragmentadas e ineficaces que perpetúan la desigualdad y la impunidad, añade la propuesta.
Precisa que la promulgación de una ley general aseguraría la adecuada implementación de los compromisos internacionales asumidos por México en la materia, pues la falta de un marco normativo homogéneo ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales que han señalado la necesidad de fortalecer la legislación y los mecanismos de coordinación para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
El diputado Monreal Ávila resalta en el documento que la extorsión es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia. Desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo, “todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”.
Subraya que a pesar de estar debidamente regulada a nivel federal en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales de las entidades federativas, la comisión de este delito sigue impactando negativamente la percepción sobre los índices de seguridad en el país.
El delito de extorsión, junto con la comisión de otros delitos como el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, ha tenido un impacto significativo en 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas en México, subraya.
Por lo tanto, dijo, resulta esencial plantear las bases constitucionales que permitan al Poder Legislativo Federal establecer un marco normativo que propicie una legislación general orientada a una atención integral. Esa legislación debería involucrar a los tres niveles de gobierno, promoviendo la concurrencia de facultades y atribuciones para la colaboración y atención específica de este delito.
“La necesidad de expedir una ley general en la materia radica, entre otros aspectos, en la disparidad de criterios normativos que actualmente existen entre las entidades federativas y en la falta de una respuesta coordinada a un fenómeno que, por su naturaleza y alcances, requiere de un marco jurídico homogéneo y eficaz”, subraya.
